“La acción educativa, en orden al cumplimiento del objetivo fundamental, capacitará a los ciudadanos para la conducción social, económica y política del país y para el ejercicio de las actividades correspondientes.”

2º Plan Quinquenal, 1952.

Aportes a la construcción de una política educativa para un proyecto nacional, popular y democrático

La educación constituye una legítima aspiración del pueblo argentino y un derecho social y humano que el Estado debe brindar. Ello se expresa en el carácter estatal, público y gratuito de todos los niveles educativos. El sistema estatal de educación pública constituye el principal soporte institucional que provee los establecimientos, los contenidos, los procesos de evaluación y seguimiento para el logro de las metas educativas del Proyecto Nacional, Popular y Democrático. La educación orientará sus esfuerzos en el compromiso por la resolución de los grandes problemas nacionales y latinoamericanos. Para desarrollar en concreto esta propuesta, se enuncian algunos conceptos como punto de partida.

I -

Una educación NACIONAL significa:

1) La expresión político-educativa de un proyecto nacional y latinoamericano pluralista que recupere el rol del Estado al servicio de la independencia nacional, del crecimiento económico autónomo y de la distribución equitativa de la riqueza, capaz de insertar al país en condiciones de igualdad en el mundo globalizado;

2) La transmisión-consolidación y la creación-recreación de la cultura nacional y latinoamericana, entendiendo por cultura la totalidad de la vida misma del pueblo que incluye sus formas de vida y trabajo, sus expresiones artísticas, sus proyectos estratégicos, sus conocimientos, sus valores, sus organizaciones, su vida cotidiana, etc.;

3) La formación de la conciencia nacional y latinoamericana de niños, jóvenes y adultos, a través del conocimiento de la propia historia, de la situación político-social-económica, de los problemas de la nación y de las necesidades del pueblo; capaces -por conocerlos- de comprenderlos y superarlos creativamente;

4) La elaboración de una pedagogía nacional y latinoamericana que, sin desconocer lo que en otros pueblos se produce, parta del análisis de los propios problemas educativos, de las características biopsicosociales de niños, jóvenes y adultos; de sus diferencias sociales y regionales; y genere categorías originales para su análisis, un marco teórico consecuente y líneas de acción para resolverlos, sin apriorismos ni meras adaptaciones acríticas;

5) El diseño concertado federalmente de un sistema educativo único en todo el país, que garantice la unidad nacional en su estructura, sus objetivos generales, su currículum básico, con amplias posibilidades de adecuación a las realidades socio-culturales de cada provincia y región.

Una educación POPULAR significa:

1) La existencia de escuelas públicas, estatales y gratuitas, de todos los niveles y modalidades, desde los 45 días de edad en el nivel inicial hasta la universidad y durante toda la vida, de modo que todos puedan acceder, permanecer y egresar en forma continua y permanente;

2) Una escuela común, es decir, para todos, de modo que contribuya -desde una perspectiva de derechos humanos- a sustentar culturalmente el proyecto nacional, popular y democrático; se trata de construir una escuela igualitaria en una sociedad justa;

3) Una escuela que contenga y articule las diferencias respetando la diversidad -regional, religiosa, de género, de orientación política, etc.- pero combatiendo la desigualdad;

4) Una escuela que responda a las necesidades de las mayorías -en cuanto a la selección de los contenidos, a la organización escolar y a las construcciones metodológicas-, que brinde más a quienes más lo necesitan y que forme en y para el trabajo;

5) Un sistema educativo que contemple no sólo la educación de las nuevas generaciones sino a los jóvenes y adultos que, habiendo completado o no la escolaridad obligatoria, requieran más y mejores saberes y conocimientos para la participación social y política, para la incorporación al mundo productivo y para la comprensión de los cambios científico-técnicos y políticos del país, de Latinoamérica y del mundo contemporáneo.

Una educación DEMOCRÁTICA significa:

1) La incorporación al sistema educativo -acceso, permanencia y egreso- hasta sus máximos niveles de todos los sectores sociales, sin discriminaciones ni diferencias;

2) La efectiva apropiación de conocimientos y procedimientos; es decir, recuperar la función educadora de la escuela para que ésta vuelva a ser un centro de enseñanza y de aprendizaje y no sólo un ámbito de contención psicosocial;

3) Acceso a todo el conocimiento para posibilitar su recreación y producción; en especial, aquél que permita el logro de autonomía personal, comprensión de los problemas nacionales y latinoamericanos, construcción de una ciudadanía responsable y solidaria, dominio de las distintas áreas del saber -tanto humanísticas y artísticas como científico-tecnológicas, sin preeminencias-, de modo de formar argentinos con juicio crítico y en condiciones de pensar, realizar y conducir un proyecto colectivo común;

4) Normas consensuadas de convivencia y participación en el gobierno escolar que signifiquen un ejercicio de democracia y pluralismo en las relaciones interpersonales al interior de las instituciones educativas, entendiendo el ámbito grupal y la complejidad en el aula como prioritarios;

5) Organismos colegiados de gobierno del sistema educativo, de modo de horizontalizar paulatinamente la toma de decisiones, de acuerdo a la experiencia de docentes, padres y alumnos; por ejemplo, consejos de escuela y otras experiencias significativas construidas popularmente.

II -

En el marco de los conceptos y principios enunciados precedentemente es necesario avanzar partiendo de la base que el que el actual gobierno ha realizado un tremendo retroceso a las conquistas logradas. Se ha reducido considerablemente la participación del presupuesto educativo en el Producto Bruto Interno, yendo a contramano de lo establecido como piso por la ley (6%). Sin la recuperación del presupuesto y una senda que retome el crecimiento no hay educación para el proyecto nacional, popular y democrático. La prioridad debe ser, entonces:

1 - Enfrentar la emergencia

Medidas a ser asumidas inmediatamente por el gobierno nacional con asistencia a todas las provincias:

Urgente convocatoria a la paritaria nacional docente en todos sus niveles, incluyendo la universidad; inmediato aumento salarial de acuerdo, por lo menos, a la inflación registrada y cuyo costo será asumido por el gobierno nacional para que en cada provincia existan salarios docentes equivalentes.

. Atención alimentaria, sanitaria y social a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes vulnerables.

. Reparación de la infraestructura edilicia urgente.

. Recuperación del planeamiento educativo y el presupuesto como porcentaje del PBI a niveles logrados hasta 2015.


2 - Reparar la herencia

Medidas a ser asumidas a cercano plazo por el gobierno nacional:

. Elaboración consensuada con los gremios docentes y no docentes representativos, incluidos los universitarios, con los ministros de educación provinciales, legisladores, etc., de un Estatuto Federal del Trabajador de la Educación y/o un convenio colectivo de todos los trabajadores de las instituciones educativas que unifique un nomenclador de cargos único nacional y una escala salarial equivalente en todo el país.

. Aumento del presupuesto universitario y consecuente revisión de la asignación prevista para cada universidad.

. Derogación de la Ley de Educación Superior del menemismo y su reemplazo por otra norma consensuada basada en la actualización de la Ley 20654, llamada “Ley Taiana”.

. Recuperación, ampliación y perfeccionamiento de los programas Conectar Igualdad, Progresar, Plan Nacional de Lectura, Orquestas Infantiles y Juveniles y todos aquéllos que fueron desactivados por el macrismo.

. Reorganización de los Canales “Encuentro” y “Paka-Paka”.

. Aplicación inmediata en todo el país de la Ley de Educación Sexual Integral.

3- Cimientos seguros para una educación como derecho social

Medidas a ser asumidas a mediano plazo por el gobierno nacional:

. Redefinir el presupuesto educativo, elevándolo al 10% del PBI, y estudiar la operatividad de que el financiamiento educativo esté a cargo del gobierno nacional por lo menos en un 50%, incluyendo salarios e infraestructura.

. Elaboración de un Plan Nacional Integral de Edificios Escolares y Polos Educativos, con participación de arquitectos especializados, pedagogos, gremios docentes y comunidades educativas, adaptado al modelo pedagógico a implementar.

. Reorganizar un sistema educativo nacional único de validez en todo el país, concertando federalmente: 1) una estructura académica común; 2) fines y objetivos generales; 3) objetivos específicos de cada nivel, ciclo y modalidad; 4) currículum básico común; 5) prioridades político-educativas; 6) criterios, organización y contenidos básicos de la formación docente; cada jurisdicción podrá incorporar a esta base nacional objetivos propios, orientaciones pertinentes a su realidad socioeconómica y contenidos relevantes a su idiosincrasia.

. Consultar federalmente la revisión integral de la formación docente, fortaleciendo los institutos terciarios mediante políticas comunes a todas las jurisdicciones coordinadas por el gobierno nacional.

4- Abandono de las lógicas del neoliberalismo educativo, tanto en su versión fundamentalista de mercado como en la más tecnocrática y seductora de la modernización educativa.

. Denunciar la obscena y desvergonzada apropiación del lenguaje -alguno de uso histórico y habitual en el campo de la educación-, en el marco del discurso neoliberal, “mercantilizando” el sentido tradicional de expresiones y términos, tales como: demanda educativa, oferta educativa, calidad-eficiencia-equidad, usuario de la educación, competencias, competitividad, gestión educativa, estandarización, auditorías externas, evaluaciones externas, insumos, ranking, costo-beneficio, meritocracia, empleabilidad, descentralización, municipalización, autogestión, etc.

. Cuestionar sus axiomas: introducción de mecanismos de mercado en los sistemas públicos, búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento educativo (empresas, particulares), estímulo a la competencia interinstitucional de los establecimientos educativos, medición del costo educativo por alumno -reemplazando la “inversión” del Estado en educación, a efectos de responder al reclamo popular por más y mejor educación para todos-, arancelamiento del nivel superior para derivar esos fondos a la educación básica, fomento a la demanda y no a la oferta educativas, responsabilidad de los docentes por los resultados y escalas salariales diferenciales como premio a los mejores, la escuela pública para los más pobres porque los un poco menos pobres tienen otras opciones posibles, etc.

. Recuperar la noción de la educación como derecho social y no como un bien o servicio susceptible de ser comprado en el mercado.

. Concebir a la educación como un recurso estratégico y como necesidad colectiva.

. Construir un nuevo Estado docente.

III

El proyecto educativo nacional, popular y democrático debería plantearse las siguientes prioridades político-educativas:

1) La expansión de todos los niveles del sistema educativo, desde el nivel inicial hasta la universidad;

2) El cumplimiento universal de la educación obligatoria, desde los tres años del nivel inicial hasta la terminación del nivel secundario;

3) La erradicación definitiva del analfabetismo;

4) La multiplicación de las escuelas infantiles, desde los cuarenta y cinco días de edad hasta los cinco años, comenzando por las zonas más desfavorecidas;

5) La ampliación de la educación especial preservando su especificidad, sin perjuicio de la integración de niños y jóvenes a las escuelas comunes con docentes integradores, en contraturno;

6) La terminación de estudios primarios para niños, jóvenes y adultos para que puedan continuar y culminar otros niveles;

7) La implementación de la modalidad de educación bilingüe e intercultural entre los pueblos indígenas del país, tanto en el ámbito rural como en el urbano, promoviendo la participación protagónica de sus representantes en un plano de igualdad con las instituciones, comunidades, técnicos y profesionales;

8) El aumento de las escuelas primarias de jornada completa;

9) La búsqueda de estrategias didácticas especializadas que aseguren el logro de la lecto-escritura integral en el primer ciclo del nivel primario que lleven a cabo la experiencia de enseñar a leer y escribir;

10) La articulación entre el nivel primario y secundario de todos los alumnos;

11) La reorganización integral del colegio secundario, tanto en su currícula como en su organización interna -como trabajo interdisciplinar por proyectos devenidos de problemáticas interesantes para la escuela y los alumnos-, de modo de formar trabajadores y ciudadanos comprometidos;

12) La atención a los problemas del fracaso escolar en el primer ciclo del nivel secundario -como trabajo conjunto con los docentes del curso y la institución-, con prolongación de la jornada escolar, docentes tutores, horas extra-clase, asesores pedagógicos, etc.;

13) La inclusión en contraturno de actividades artísticas, deportivas, recreativas, debates, clubes de ciencias, etc.;

14) La creación de más y mejores colegios secundarios técnicos y agrotécnicos que, sin desmedro de una formación general en todas las disciplinas, capacite, en contraturno, para la producción de bienes, sin especializaciones extremas;

15) La creación de equipos especiales del sistema educativo destinados a atender graves problemáticas como drogadependencia, adicciones, violencia, desnutrición, etc.;

16) La asistencia personal y familiar a los casos de abandono, desgranamiento y repitencia, a cargo de equipos especializados;

17) La incorporación masiva de instrumentos tecnológicos en todos los establecimientos y a cada alumno, no sólo para favorecer su dominio sino para inculcar capacidad de análisis crítico de los contenidos de las redes;

18) La existencia de una supervisión única para los establecimientos privados como para los públicos, de todos los niveles y modalidades, tanto en lo curricular como en las condiciones docentes;

19) La revisión anual del subsidio a los establecimientos privados, dando prioridad a aquéllos que cumplen una función social;

20) La transformación paulatina de los contenidos y las formas de enseñar, en base al conocimiento y la experiencia docente;

21) La revisión consensuada de la formación docente, con una base común y general de dos años de duración -que incluya políticas educativas, historia de la educación argentina y latinoamericana, etc.- y una especialización de duración variable por niveles, modalidades y conjuntos disciplinares -con acento en las didácticas, teorías del aprendizaje, epistemología y prácticas intensivas en el sistema-;

22) La actualización periódica del salario docente y la mejora integral de sus condiciones de trabajo: cada docente en una sola escuela, horas institucionales para intercambios de experiencias y elaboración colectiva del currículum, perfeccionamiento en servicio y en cada establecimiento, etc.;

23) La creación de medios masivos de comunicación a cargo de universidades e institutos terciarios para que contribuyan a la formación de valores solidarios, a fomentar el interés por el conocimiento y a difundir con rigurosidad los problemas nacionales.

Se ponen a consideración estas propuestas incompletas que deberían ser explicitadas y enriquecidas con los aportes de todos aquellos que crean y trabajen para una sociedad justa, libre y soberana.

Ana T. Lorenzo – Héctor Hugo Trinchero – José Tamarit - Juan Carlos Radovich – Graciela Dragoski – Mirta Molinero – Beatriz Abad


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